El 9 de marzo de 2005, el Parlamento cordobés sancionó, después de un intrincado debate, la ley 9.219, que prohíbe el desmonte para agricultura y el cambio del uso del suelo, en toda la provincia, hasta 2015. Sin embargo, desde entonces hasta hoy, la autoridad de aplicación constató unas 1.800 infracciones a la norma y la deforestación sigue siendo el problema ecológico más grave que padecemos.
En 2009 y en lo que va de éste, la Secretaría de Ambiente sorprendió in fraganti a unos 400 productores derribando árboles con el propósito evidente de ganar hectáreas para el cultivo de granos.
La dependencia estatal pone reparos infranqueables a quien quiere saber quiénes son los depredadores de monte y qué sanciones recibieron.
Cabe recordar que la ley obliga al infractor a reforestar con especies nativas el área dañada y a pagar una multa equivalente a cinco salarios de peón rural por hectárea desmontada. Sin embargo, en Ambiente nadie supo precisar en qué proporción se aplicó ese castigo.
Otra referencia para considerar.
En 1985, Córdoba sancionó la ley 7.343, que establece los principios para la conservación y mejoramiento del ambiente. La norma prohíbe de manera expresa "a los particulares e instituciones públicas y privadas desarrollar acciones, actividades u obras que degraden o sean susceptibles de degradar en forma irreversible, corregible o incipiente los individuos y las poblaciones de la flora" nativa. No obstante, en el cuarto de siglo transcurrido, se arrasó 1,2 millón de hectáreas de bosque nativo, sólo en el norte cordobés, según un informe del Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal y de la Cátedra de Recursos Naturales y Gestión Ambiental de la UNC.
Seguramente, la discusión entre quienes están a favor o en contra de la ley de bosques se prolongará.
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