Desde la sanción, en 2007, de la Ley Nacional de Bosques Nativos 26.331 hasta hoy han pasado ya más de dos años y miles de hectáreas de bosques nativos extinguidos. No hacen falta muchos más datos que las sequías del año pasado, las tormentas de tierra, la crisis hídrica, los desalojos sistemáticos de campesinos y las multitudinarias expresiones de la sociedad en su conjunto para darnos cuenta del mal negocio que estamos haciendo en nombre de la productividad del negociado de unos pocos. No hace falta ser de izquierda o derecha, ser leído o no, ser del campo o la ciudad para comprender que los tiempos no son los de antes y que los recursos naturales tienen fin.A un año desde la presentación del proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial (OTBN) para Córdoba elaborado por la COTBN, la voluntad política de legislar sobre el tema vuelve a diluirse. Las presiones del sector ruralista (Coninagro, Cartez, Sociedad Rural), que utiliza para su producción el 95% del territorio provincial, intenta desestabilizar una vez más el proceso de avance del proyecto de Ley en la Legislatura. Propiciando falsas antípodas bajo supuestos fundamentalismos ambientalistas que atentan contra la producción pretenden barrer con un proceso de más de seis meses de intensos debates y construcción de consensos logrados con el fin de legislar para defender nuestros bosques nativos. La aparente polarización que procuran montar el sector ruralista con la cómplice estrategia del Radicalismo niega el masivo consenso social expresado en Audiencias Públicas, marchas, 70.000 firmas y en más de 40 instituciones académicas, productivas y sociales que apoyan el proyecto de la COTBN. Si genuinamente el radicalismo busca consenso debería aceptar al menos la realidad que vive la provincia y la expresión de la amplia mayoría de la opinión pública.
Ante el ruido que entorpece, algunas aclaraciones:
En primer lugar, se trata de elaborar una Ley que proteja el escaso territorio de los Bosques Nativos existentes (5% del territorio provincial) ubicados, en mayor medida, en el noroeste de Córdoba. Una ley que dé respuestas a la problemática ambiental-forestal agravada por el avance desmedido de los desmontes a una de las mayores tasas a nivel internacional (2,3% anual). El problema central surge ante la demanda de la producción ganadera de avanzar sobre ese 5% de bosque restante. Ahora bien, debemos reconocer que el problema de la producción ganadera y la ausencia de políticas públicas para el sector no es materia a resolverse desde una ley de bosques. No se trata, aquí, de una ley que pretenda o pueda zanjar la histórica problemática de distribución territorial entre la producción agrícola sojera y la rezagada producción ganadera, desplazada de los territorios que hoy se dedican a la soja. Desviar el eje y la finalidad de esta ley para intentar compensar una deficiente planificación productiva en la provincia es inaceptable; lo que nos lleva a preguntar ¿porque se debe sacrificar el escaso 5% de bosques nativos y con ellos, nuestro futuro sustentable, ante un conflicto de distribución de rentabilidad productiva en el territorio provincial?
En segundo lugar, al ser una Ley de Protección de Bosques Nativos, ésta regirá en las áreas en donde efectivamente exista el bosque nativo y en aquellas zonas claves para la protección de cuencas y la disminución de la erosión de los suelos (márgenes de ríos y lagunas, salinas, pendientes, etc.) Esta ley no comprende al amplio territorio provincial en donde ya hubo cambio de uso del suelo, con el correspondiente permiso de la Autoridad de Aplicación, según la legislación vigente (Ley de Veda de Desmonte 9.219). Por ello, quienes vienen produciendo hasta hoy lo seguirán haciendo y serán compensados por el Estado por las áreas de bosque que mantengan, en ningún artículo de la ley se plantea cerrar los campos y dejar la producción. Lo que se pretende es que dicha producción se siga realizando en el marco de las leyes vigentes y de forma sustentable. En los casos en donde se hayan producido desmontes fuera de la ley, deberán sujetarse a las sanciones y reforestar según lo que las leyes actuales indican.
En este sentido, la Ley de Bosques Nativos no es una ley que profundice más las restricciones existentes hoy en la provincia, se respeten o no, esta ley ordena el territorio en función de proteger los bosques y propicia la mejora de los servicios ambientales que estos brindan a la sociedad. Pretender que esta ley legalice más desmontes es, como mínimo, inconstitucional.
Sancionar una ley de protección ambiental en el presente parte de nuevos supuestos en un contexto diverso, lo que exige un cambio de óptica. El derecho ambiental es integral y trasversal a todas las ramas del derecho y de la vida. Aquí, bajo los principios de responsabilidad solidaria y de equidad intergeneracional, los derechos colectivos a un ambiente sano, sin excepción de ningún tipo, priman sobre los derechos individuales, no por desconocerlos, sino por contenerlos en su propia esencia. La aparente contradicción entre orden público y propiedad privada es entonces una falacia. La función del Estado justamente recae en resguardar el bien común y la posibilidad de vida, en el presente y hacia el futuro de todos y todas, protegiendo el medio, finito y vital, en el que vivimos. Córdoba hoy tiene la responsabilidad y la oportunidad histórica de comenzar a pensar el Ambiente como Política de Estado y no como efímera promesa eleccionaria.
(*) Legisladora Provincial – Frente Cívico y Social
(**) Asesora Asuntos Ecológicos
Fuente: CbaNoticias. 24 de abril de 2010. Ver fuente: http://www.cbanoticias.net/opinion/dilaciones-politicas-se-siguen-devorando-el-poco-bosque-que-nos-queda/1318124
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