A continuación un extracto del trabajo completo.
M. ALEJANDRA VARGAS / Facultad de Agronomía
NICOLÁS BALMACEDA / Facultad de Derecho
Centro de Políticas Públicas UC (Chile) - Mayo 2011
Introducción
Chile vive un punto de inflexión en materia ambiental,que duda cabe. Diversos factores se han conjugado en una coyuntura nunca vista en el país, de la cual se sugiere tomar ventaja a la brevedad, para lograr que forestar y compensar se transformen en verbos de frecuente conjugación en las ciudades de Chile. Las condiciones están dadas para formular un sistema de compensación ambiental por la vía de forestación urbana pionero en el orden mundial, generando los incentivos necesarios para que dicho sistema se aplique en forma masiva.
En efecto, en estos últimos dos años se ha presenciado un debate sin precedentes a nivel nacional sobre forestación urbana a partir de iniciativas gubernamentales,propuestas del mundo académico y de las pasadas campañas presidenciales; el que tuvo la virtud de posicionar a la forestación urbana como un tema relevante en la agenda pública. La asunción de un nuevo gobierno con compromisos tales como el denominado Proyecto Bicentenario de Forestación Urbana; la formulación e implementación de una nueva institucionalidad ambiental; la revisión, reformulación y actualización del Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para la Región Metropolitana; y las iniciativas público-privadas para la creación de áreas verdes bajo el sistema de concesión de obras públicas, son ejemplos de ello.
Esta preocupación también quedó de manifiesto en los debates presidenciales que se realizaron durante el año 2009, donde la mayoría de los candidatos se refirieron al tema, comprometiendo sus esfuerzos para avanzar en materia de forestación urbana. Consecuentemente,el tema fue calificado como una prioridad por las nuevas autoridades que asumieron el gobierno en marzo de 2010, y el Presidente de la República hizo público un compromiso de plantar 17 millones de árboles en todo Chile en un plazo máximo de ocho años, a través de la creación de un programa denominado "Proyecto Bicentenario de Forestación Urbana: 17 millones de árboles. Un chileno, un árbol". Adicionalmente, el 30 de septiembre de 2010 se publicó en el Diario Oficial el Decreto Supremo N° 127, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que materializa la nueva institucionalidad ambiental contemplada en la Ley N° 20.417. Se ha señalado que esta institucionalidad, integrada por el Ministerio del Medioambiente,el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medioambiente "… nos abre las puertas a las ligas mayores y pone al país en el primer orden mundial en institucionalidad ambiental. Más tarde entrarán en funcionamiento los Tribunales Ambientales y el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas".3 La propia autoridad ha destacado que la recuperación de la calidad del aire en los centros urbanos es uno de los principales desafíos que debe asumir el nuevo Ministerio del Medioambiente (MMA). Para ello, se ha comprometido a impulsar una mirada estratégica para abordar los problemas que producen contaminación a lo largo del país a través de incorporar instrumentos económicos como una herramienta para disminuir las emisiones.
Por último, en el Ministerio de Obras Públicas (MOP) se está evaluando la extensión de la industria de las concesiones a nuevos sectores, dentro de los cuales suelen mencionar los parques.5 En efecto, el MOP postula que nuevas exigencias en relación con la emisión de contaminantes que impone el Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica de la Región Metropolitana (PPDA) generará demanda por compensar, la cual puede ser satisfecha mediante mecanismos de mercado. Por ello, el MOP, en conjunto con el MMA y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) están definiendo proyectos que suman más de US$118 millones, para lo cual han identificado áreas verdes no implementadas en estado de deterioro -siete iniciativas por 180 hectáreas en la Región Metropolitana y cuatro en Concepción por 252 hectáreas- para armar una oferta atractiva de parques a concesionar, en las cuales el concesionario se haría titular de cierto número de créditos por cada hectárea de parque construido, los que podrá comercializar directamente con la empresa contaminante obligada a compensar sus emisiones o con intermediarios que surjan en un mercado secundario de dichos créditos.
Asumiendo la existencia de la coyuntura indicada, cabe preguntarse por la mejor manera de abordar este desafío. Estimamos que toda iniciativa de forestación urbana debe hacer frente a varias preguntas fundamentales.
¿Para qué forestar las ciudades? La ciencia lo ha demostrado,existe una real necesidad y múltiples beneficios que un arbolado urbano de calidad entrega a sus vecinos: descontaminación atmosférica por la captura de contaminantes, regulación de temperaturas extremas, disminución de ruidos molestos, ahorro de energía, drenaje de aguas lluvias, aporte a la mantención de la vida silvestre, reducción del estrés, aporte a la recreación y valores culturales, plusvalía económica, etc. (Universidad Autónoma de Chapingo, 1998). ¿Dónde plantar? No es una pregunta de fácil respuesta, ya que la decisión sobre qué áreas privilegiar difícilmente se rige exclusivamente por criterios técnicos. ¿Cuáles especies son las más adecuadas?, o más simplemente, ¿qué plantar? ¿Cómo plantar, guiar el crecimiento y lograr la máxima sobrevivencia posible? Y por último ¿quién es responsable?, ¿es el Estado exclusivamente?, ¿las ONG?, ¿la empresa privada?, ¿los ciudadanos? La mayor dificultad para dar respuesta correcta a estas interrogantes ha sido la carencia de una política de forestación urbana en Chile, lo que ha derivado en que la mayoría de los esfuerzos realizados a la fecha no pasan de ser meras acciones puntuales, faltando una planificación estratégica a nivel nacional. Sólo a través de una política de forestación urbana adecuada, que entregue respuestas a las preguntas antes indicadas, se logrará el fin más importante de todo arbolado urbano: mejorar la calidad de vida de la población. Hoy se está evolucionando desde una noción que veía una mejor cobertura arbórea dentro de las ciudades como una de tantas necesidades de la población, a un estado más avanzado, donde la forestación urbana podría llegar a considerarse, incluso, un derecho ciudadano.
Convencidos, por lo tanto, de la necesidad de contar con una política eficiente y eficaz de forestación urbana, la pregunta ineludible que se presenta es ¿cuál debiera ser dicha política? Tal cuestionamiento excede con mucho el objeto de este trabajo, el cual aspira solamente a promover la compensación ambiental como una herramienta económica que potencie el desarrollo de una política sustentable de forestación urbana, ofreciendo algunas respuestas a las preguntas fundamentales antes reseñadas. El desafío está en trabajar para que el binomio forestación y compensación resulte en un nuevo ejemplo de que en Chile la asociación público- privada produce frutos de calidad mundial; como aquellos que en los últimos 20 años cambiaron la faz del país con carreteras, puertos, túneles, aeropuertos, cárceles, próximamente hospitales y, quien sabe, quizás
también escuelas y parques.
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Fuente: Material disponible en Internet de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Mayo 2011. Ver fuente: http://politicaspublicas.uc.cl/media/publicaciones/pdf/20110520111324.pdf
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