Faltan inspectores para frenar el desmonte

Héctor Brondo hbrondo@lavozdelinterior.com.ar

Según el mapa de cobertura forestal nativa que acaba de realizar la Secretaría de Ambiente de Córdoba, de las 16.532.400 hectáreas de territorio provincial, 1.832.978 están cubiertas por bosque, lo que representa el 11 por ciento de la superficie total.

Si se tiene en cuenta que la Dirección de Fiscalización y Control de Ambiente tiene sólo ocho inspectores –según el registro oficial– y en las reservas provinciales hay 26 guardaparques, cada uno de ellos debería cuidar unas 53.900 hectáreas de monte. Es decir, un área similar a la de la ciudad de Córdoba.

Si se quisiera componer un cuadro de situación de la problemática, a la insuficiente cantidad de empleados capacitados para esas tareas habría que sumarle la escasez de recursos materiales de los que dispone la autoridad ambiental para ejercer el poder de policía.

Por eso, la mayoría de las veces los inspectores llegan a los lugares donde previamente han confirmado la realización de desmontes cuando el daño ya se ha producido, de manera total o parcial. Eso pasó, al menos, en los 11 operativos que personal de Ambiente concretó, sólo en noviembre último, en campos donde se estaba desmontando o quemando de manera ilegal. En total se afectaron alrededor de 250 hectáreas.

Todas las actuaciones respondieron a denuncias que se recibieron a través del (0800) 777-0220 o por correo electrónico a: secretariadeambiente@cba.gov.ar

Aquella es la línea telefónica gratuita habilitada para llamar ante una emergencia ambiental o denunciar actividades supuestamente irregulares en la materia.

De no creer. El hecho de que en Córdoba se realice un operativo de control de desmonte ilegal cada tres días pone en evidencia, por un lado, la conducta desaprensiva y criminal de quienes destruyen el bosque y modifican el uso del suelo de manera terrible. Por el otro, demuestra la fabulosa capacidad del Estado para convertir a la ley en letra muerta, robusteciendo de ese modo la anomia y el desprecio por el ordenamiento jurídico en este terreno.

En el caso planteado, cabe señalar que desde que se estableciera la prohibición del desmonte en la Provincia (en marzo próximo se cumplirán cinco años de la medida) a la fecha se registraron más de 700 infracciones a la ley 9.219. Esta norma prevé como castigo, además de multas y el decomiso a quienes desmonten, la “obligación de reforestar con especies nativas” el área afectada, con el fin de “remediar el daño ambiental causado”. Recién este año se ha impuesto esa sanción a un par de productores desaprensivos.

Auxilio. Para mitigar la escasez de personal para ejercer el poder de policía, la Secretaría de Ambiente acaba de designar a 60 inspectores auxiliares voluntarios “para realizar actividades de control y fiscalización forestal, de caza, pesca y demás leyes” en las cuales el organismo ejerce el poder de policía. Los nombrados no percibirán remuneración alguna por las tareas que realicen eventualmente y cumplirán funciones hasta noviembre de 2010.

Conocedores del tema coinciden en que es difícil que los auxiliares voluntarios puedan hacer valer su autoridad en los operativos de desmonte o de otra naturaleza. “A los infractores no los amedrentan ni la Policía ni los inspectores especialmente capacitados para esas tareas, menos lo van a lograr estos muchachos”, opinó un funcionario de experiencia en la materia.

Ambiente también prevé firmar convenios con los cuerpos de bomberos voluntarios para que ayuden en los controles y la preservación de la cobertura vegetal de la provincia.

Fuente: Diario La Voz del Interior - Sección Ciudadanos - Domingo 6 de diciembre de 2009